Distrito de Connecticut

May 02, 2024

Vanessa Roberts Avery, fiscal federal para el distrito de Connecticut, Brian D. Boyle, agente especial a cargo de la Administración de Control de Drogas de Nueva Inglaterra, anunció hoy que Clarest, LLC, que opera como Clarest Health, ProCare LTC New England LTC, y ProCare LTC Pharmacy of Connecticut LLC (“ProCare”), han celebrado un acuerdo de conciliación civil con el gobierno federal y han pagado $499,525 para resolver las acusaciones de que violaron las disposiciones civiles de la Ley de Sustancias Controladas (“CSA”).

Al aprobar la CSA, el Congreso tomó medidas para crear “un sistema cerrado” de distribución de sustancias controladas en el que cada faceta del manejo de las sustancias –desde su fabricación hasta su consumo por el usuario final– estaría sujeta a una intensa regulación gubernamental. . Esta misión se llevó a cabo con el telón de fondo de tratar de prevenir el desvío y el abuso de sustancias controladas legítimas, al mismo tiempo que se garantiza que un suministro adecuado de esas sustancias satisfaga las necesidades médicas y científicas de los Estados Unidos.

ProCare LTC Pharmacy of Connecticut, LLC, es una farmacia ubicada en Cheshire, Connecticut, y es propiedad de ProCare LTC New England, LTC, que es una subsidiaria de propiedad total de Clarest, LLC d/b/a Clarest Health. Clarest Health consta de ocho farmacias en las regiones noreste y medio oeste de EE. UU.

ProCare LTC Pharmacy of Connecticut brinda servicios a 65 centros de atención a largo plazo (“LTC”), centros de enfermería especializada, lugares de vida asistida y consultorios de enfermería y rehabilitación en Connecticut y Rhode Island. Además de surtir recetas, también cumple con pedidos de sustancias controladas para las necesidades de existencias de emergencia de las instalaciones de LTC. Este stock de emergencia se conoce comúnmente como “caja de emergencia” de una instalación.

El acuerdo resuelve las acusaciones de que entre septiembre de 2020 y septiembre de 2022, ProCare violó la CSA y sus regulaciones de implementación al suministrar sustancias controladas para las existencias de cajas de emergencia de las instalaciones de LTC. El gobierno sostiene que ProCare distribuyó sustancias controladas a profesionales que no estaban registrados para dispensar esas sustancias controladas en 96 ocasiones. El gobierno también alega que ProCare no registró cierta información requerida en los formularios 222 de la DEA (formularios de pedido) en numerosas ocasiones, como fechas, números de contenedores suministrados y números de registro de la DEA, y que ProCare no rechazó formularios de pedido que no estaban debidamente preparados, estaban incompletos o habían sido alterados.

"El cumplimiento estricto de los requisitos de mantenimiento de registros de la Ley de Sustancias Controladas es una parte clave para prevenir el desvío y garantizar la seguridad de nuestra comunidad", dijo el Fiscal Federal Avery. “Las farmacias desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar que las sustancias controladas se manipulen, contabilicen y dispensen adecuadamente. Este acuerdo demuestra el compromiso continuo de nuestra oficina de responsabilizar a las farmacias por sus responsabilidades según la ley federal”.

"La DEA se compromete a garantizar que todos los solicitantes de registro, incluido ProCare, cumplan con las regulaciones requeridas, que se pueden hacer cumplir a través de la Ley de Sustancias Controladas", dijo el agente especial a cargo de la DEA, Boyle. “No hacerlo aumenta el potencial de desvío y pone en peligro la salud y la seguridad públicas. La DEA se compromete a trabajar con nuestros socios reguladores y encargados de hacer cumplir la ley para garantizar que se cumplan estas reglas y regulaciones”.

Como parte del acuerdo, ProCare acordó celebrar un Plan de Acción Correctiva de tres años con la DEA que está diseñado para garantizar el cumplimiento futuro de los requisitos de la CSA y sus regulaciones de implementación.

Esta investigación fue realizada por la Oficina de Control de Desvío de la Administración de Control de Drogas, con la asistencia de la División de Control de Drogas del Departamento de Protección al Consumidor de Connecticut. Este caso fue procesado por la fiscal federal adjunta Sara Kaczmarek.